El Caso Telra es una muestra de una extorsión judicial, de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio. Es la prueba de un uso faccioso de la ley que persigue a quien no se deja extorsionar o doblegar.
En esta página se pone a disposición de la opinión pública la información y documentos que evidencian la extorsión judicial de la que está siendo objeto la familia Zaga Tawil.
De junio del 2014 a febrero de 2016, Telra Realty y el Infonavit celebraron diversos contratos en los que Telra Realty se comprometía a: (Anexo 1)
Estos contratos y convenios buscaban promover, facilitar y hacer factible la movilidad hipotecaria de los acreditados del Infonavit mediante el intercambio, compra venta o renta con opción a compra de su vivienda, entre los usuarios de la plataforma. A través del PMH, se buscaba que el derechohabiente del Infonavit que había ejercido su crédito hipotecario pudiera intercambiar la vivienda que estaba siendo financiada en ese momento por otra que efectivamente satisficiera sus necesidades habitacionales.
Era un programa integral hecho a la medida y necesidades del Infonavit y sus derechohabientes, que buscaba resolver un problema crítico como el abandono de vivienda y el alto índice de cartera vencida producto de la insatisfacción del derechohabiente que había ejercido su crédito, el cual no financiaba una vivienda que cubriera sus necesidades habitacionales.
Conforme a los contratos con el Infonavit, la inversión y el costo total del diseño, desarrollo e implementación del PMH y la Plataforma informática corría a cargo de Telra, mientras que el Infonavit daba a Telra 5 años la exclusividad en el manejo y operación del programa y la plataforma. Durante junio de 2014 a marzo de 2016 el instituto no desembolsó ni un solo peso porque sencillamente no contaba con la infraestructura ni la tecnología para desarrollar un plan de esta envergadura.
Durante todo ese tiempo y en la medida en que le fue permitido por el propio Infonavit, Telra cumplió a cabalidad, en tiempo y forma su obligación contractual, invirtiendo sus propios recursos. (Anexo 2)
A pesar de que Telra venía cumpliendo con las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con el Instituto, cuando entra una nueva administración en el 2016 encabezada por David Penchyna cambia la política hacia los contratos. Así, el 8 de junio de 2017 Telra recibió una notificación firmada por el Secretario General Jurídico del Infonavit, en donde se le notificaba la resolución del Consejo de Administración del Infonavit aprobada el 31 de mayo de 2017 de dar por terminados anticipadamente los contratos celebrados con Telra. (Anexo 3) y (Anexo 4)
Esto sucedió en la administración de David Penchyna. Telra se inconformó el 13 de junio de 2017, manifestando esencialmente que la decisión de dar por terminados los contratos resultaba arbitraria e injustificada y el INFONAVIT carecía de razón y motivo, para dar por terminada una relación jurídica bilateral, pero a petición expresa del instituto, aceptó sentarse para negociar sus diferencias. (Anexo 5)
A juicio de Telra, la decisión de terminar los contratos obedecía a un interés del instituto por ejecutar los programas inmobiliarios y la plataforma de forma independiente a efecto de conservar las ganancias que dichos programas arrojarían una vez que se concluyera su implementación.
En vista de la terminación anticipada de los contratos pretendida por el Infonavit, a fin de dirimir sus controversias Telra y el Infonavit desahogaron el recurso de mediación previsto en la normatividad de ese Instituto. Para este proceso, Telra solicitó la elaboración de un avalúo para determinar el valor de los programas inmobiliarios y las consecuencias de la terminación anticipada de los contratos por parte del Infonavit. (Anexo 6)
Por su parte, el Instituto realizó sus propias valoraciones contratando a valuadores, consultores fiscales y auditores y despachos de abogados (Anexo 7), entre los que destaca, la reconocida consultora internacional, Moore Stephens Por cierto, el despacho Peña Palominos Abogados, SC señaló que de no existir mediación el Infonavit se arriesgaba a una demanda de Telra con las posibles siguientes consecuencias:
Durante mucho tiempo se ha corrido la versión de que Telra no realizó inversiones. Al contrario, del 2014 al 2016 la empresa utilizó recursos propios para echar andar el PMH y la plataforma. Además, en una de las denuncias que más adelante se explica, el propio Infonavit entregó al Ministerio Público copias de los entregables y evidencia del trabajo que realizó Telra en cumplimiento de los contratos. Es importante destacar que los programas y la plataforma no podían ser explotados por cualquier entidad financiera porque fueron diseñados exclusivamente para el Infonavit; con la terminación de los contratos por parte del Infonavit, Telra perdía el desarrollo de los programas y la plataforma, así como la oportunidad de explotarlos.
También se ha comentado que en los contratos no había ninguna cláusula de responsabilidad civil o penal para el caso del incumplimiento, olvidando que el Código Civil establece claramente en su artículo 1949[1] que la terminación anticipada de un contrato genera obligaciones implícitas y que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.
Finalmente, como resultado del recurso de mediación desahogado, el 22 de agosto de 2017 Telra y el Infonavit celebraron un Contrato de Transacción acordando que: (Anexo 8)
Confirmando además que la indemnización se pagaría a Telra en 6 exhibiciones mensuales consecutivas de octubre de 2017 a marzo de 2018.
La plataforma desarrollada por Telra para el Programa de Movilidad Hipotecaria es la que posteriormente fue utilizada por el Infonavit en el programa Cambiavit.
Incluso durante la firma del convenio entre el Infonavit y la AMPI el 29 de agosto de 2018, el entonces titular del Infonavit, David Penchyna, señaló: “el Instituto recuperó para sí, la rectoría sobre el Programa de Movilidad Hipotecaria, pagando a la empresa concesionaria Telra Realty, daños y perjuicios, así como parte del valor de los programas que dicha empresa pronosticaba, por un monto de 4 mil 800 millones de pesos. Debo recordar que el mercado de la movilidad hipotecaria en México, podría representar ingresos de hasta 40 mil millones de pesos en tan sólo 5 años, sin contar el valor de las marcas, así que la decisión del Consejo, la cual reconozco como Director General, le devolvió no sólo la rectoría sobre el programa al INFONAVIT, sino la oportunidad de un mercado por demás atractivo que permitirá recuperar las inversiones en materia operativa, tecnológica y desde luego, el problema jurídico que enfrentábamos”
Este convenio fue celebrado en sus redes por Gustavo de Hoyos, entonces presidente de Coparmex Nacional y uno de los Consejeros de Administración que dio la autorización para que se procediera a la indemnización. (Tuit anexo)
Para que el Contrato de Transacción firmado el 22 de agosto de 2017 fuera válido, se requería obligatoriamente la autorización total y unánime de los 15 miembros del Consejo de Administración del Infonavit, compuesto por 5 representantes del gobierno federal, 5 representantes de los trabajadores y 5 representantes patronales.
Esta autorización se dio durante la sesión ordinaria número 797 del Consejo de Administración del Infonavit celebrada el 30 de agosto de 2017 y quedó plasmada en la Resolución RCA-6025-08/17. (Anexo 9) Además, el 17 de abril de 2018, la Asamblea General del Infonavit, máximo órgano del instituto aprobó los estados financieros del Instituto correspondientes al ejercicio 2017 en donde estaba incluida la indemnización a Telra. (Anexo 10)
Aun cuando ya estaba acordado y autorizado el contrato de transacción, el 26 de enero de 2018 el Infonavit decidió interponer una denuncia en contra “de algún servidor público o trabajador del Infonavit” por los contratos firmados en los años 2014, 2015 y 2016, por uso ilícito de atribuciones y facultades. Aunque estrictamente, los ejecutivos del Infonavit no son servidores públicos, a su juicio, las funciones que realizó y realizaría Telra en términos de los contratos le correspondían exclusivamente al Instituto y éste no tenía facultades para delegarlas. (Anexo 11)
El 20 de septiembre de 2018, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal al concluir que los hechos denunciados por el Infonavit no eran constitutivos de delito. (Anexo 12) Sin embargo, el Infonavit impugnó ese acuerdo de no ejercicio y el 29 de enero de 2019, una Juez de Control revocó esa resolución. Importante destacar que previo a la celebración de la audiencia, el propio Ministerio Público reconoció que en la carpeta de investigación abierta con motivo de la denuncia del Infonavit no se había otorgado la calidad de imputado a persona alguna. (Anexo 13). Asimismo, el día de la audiencia explícitamente se estableció que Telra Realty no tenía el carácter de imputado.
Cabe destacar que en esta carpeta de investigación no se ha citado a quién autorizó estas transacciones: los integrantes del Consejo de Administración.
El 22 de junio de 2020, el Ministerio Público de la Federación envió a SEIDO una copia de la investigación de servidores, la cual había sido acumulada con otra carpeta abierta con motivo de una denuncia por lavado de dinero iniciada por la UIF (que se detalla más adelante), para su investigación. (Anexo 14)
El origen de esta persecución no está claro. Todo indica que la Fiscalía General de la República inició la revisión de un depósito de mil millones de pesos que Telra Realty realizó a un fideicomiso en el que los señores El-Mann y los señores Zaga Tawil son participantes. Ese dinero sería destinado a realizar una inversión en un proyecto inmobiliario en Estados Unidos.
Sin embargo, lo que sí sabemos es que sin citatorio ni formalidad alguna, Rafael Zaga fue convocado con su abogado por el Fiscal General de la República a una reunión que tuvo lugar el 10 de octubre de 2019, (Anexo 15) en el que el mismo Fiscal le exigió a Rafael entregar los recursos que habían sido obtenidos como indemnización por el Infonavit, anunciando que si se negaba, se le perseguiría a él y a su familia con toda la fuerza del Estado.
Adicionalmente, el 28 de enero de 2020 la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los señores El-Mann, y de Fibra Uno mediante el acuerdo 09/2020; así como las de los señores Zaga Tawil.
Entonces los señores El-Mann son llamados a negociar y aunque no tienen ninguna relación con los contratos del Infonavit ni con Telra respecto a estos contratos con la institución, en febrero del 2020 presentan un proyecto de acuerdo reparatorio señalando que se han enterado de la investigación que se sigue en contra de Telra. Lo cual era una falsedad, pues en ese momento no había denuncias contra la empresa. Se insiste ni Telra ni los señores Zaga Tawil aparecían en la carpeta de investigación abierta en la denuncia formulada por el Infonavit. (Anexo 16)
En febrero de ese mismo año, los señores El Mann Arazi entregaron a la Fiscalía General dos cheques de mil millones de pesos cada uno. No queda claro por qué decidieron dar 2 mil millones de pesos, si solo habían recibido mil millones de los señores Zaga Tawil mediante depósito que comentamos hace unos momentos para realizar el proyecto inmobiliario en Estados Unidos. Los señores Zaga Tawil presentaron una denuncia contra los señores El-Mann para conocer el destino de los mil millones de pesos que depositaron para el negocio en Estados Unidos.
Al no prosperar el acuerdo reparatorio propuesto en enero de 2020 porque el Infonavit no podía aceptar los recursos pagados por los señores El Mann, el 20 de mayo del 2020 la Fiscalía les concedió a los señores Moisés, André y Max El Mann Arazi un criterio de oportunidad por el delito de lavado de dinero. (Anexo 17) Por cierto, los señores El-Mann no avisaron a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que las cuentas de Fibra Uno fueron congeladas por la UIF y que se les otorgó un criterio de oportunidad por el delito de lavado de dinero como consecuencia de la entrega de los 2 mil millones de pesos. Por esta situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió en el mes de enero 2021 una opinión positiva de delito por la omisión de revelar eventos e información relevante al mercado. (Anexo 18) Ahora recae en la Procuraduría Fiscal el presentar la querella correspondiente para que se pueda continuar con la investigación.
Lo que sí sabemos es que el dinero pagado por los señores El Mann Arazi sirvió para armar un montaje y el 10 de febrero del 2020 durante la conferencia de prensa matutina, el Fiscal General de la República le entregó al Presidente de la República un cheque por 2 mil millones de pesos señalando que esos recursos eran producto de la reparación de un daño en su esfuerzo por combatir la corrupción. También dijo que gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, habían iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación.
La realidad es que ni el cheque mostrado en ese momento tenía fondos (los cheques de caja con los que los El-Mann pagaron los dos mil millones se pagaron horas después de la conferencia de prensa) ni la denuncia fue presentada por la Consejería Jurídica.
El Fiscal mintió en ese momento y lo sigue haciendo ahora. En aquel entonces no había víctima porque en agosto de 2017 el Infonavit celebró el Contrato de Transacción y Finiquito que ya se ha comentado, por consiguiente, el Instituto no podía recibir esos recursos, pues no había daños que reparar y ya habían finiquitado la relación con Telra. Incluso, el instituto impugnó el criterio de oportunidad concedido a los señores Moisés, Max y André El Mann Arazi. Impugnación de la cual se desistió horas antes de la audiencia en la que se discutiría si esa determinación se emitió conforme a derecho o no, consintiendo así que dichos recursos fueran a parar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). No se omite mencionar que ese desistimiento se promovió con Carlos Martínez a la cabeza del Infonavit. (Anexo 19)
Pero el INDEP tampoco podía recibir este dinero, pues esa entidad sólo puede recibir recursos procedentes de decomisos, aseguramientos o extinciones. En este caso nada de eso aplica. Por eso, no sorprende que el ex titular de este instituto, Jaime Cárdenas Gracia, pusiera en su carta de renuncia que “queda pendiente conciliar la transferencia de los 2000 millones de pesos que en febrero de 2020 se remitieron al INDEP. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados” (Anexo 20) Esto sucedió porque al INDEP se le dio en depósito mientras terminaba el juicio. El Instituto los tendría que devolver en caso de que los Zaga sean reconocidos inocentes.
