Nada más alejado de la verdad. Existen evidencias de que el Instituto tenía la urgente necesidad de encontrar solución para el gran problema que representaba y sigue teniendo, de miles de casas abandonadas porque no satisfacen las necesidades de distancia con los centros de trabajo o espacio para los derechohabientes y sus familias.

Además, es importante destacar que los programas y la plataforma fueron diseñados exclusivamente y a la medida de las necesidades del Infonavit. Por otra parte, el Instituto no contaba con recursos para desarrollar un plan que garantizara otorgar a sus derechohabientes viviendas que cubrieran sus necesidades habitaciones y prevenir así el problema de incremento de cartera vencida y vivienda abandonada. También, Telra asumió el riesgo de la inversión para el Programa de Movilidad Hipotecaria que demostró sus bondades.

No existe ninguna duda que el Programa de Movilidad Hipotecaria creado por Telra era positivo para el Infonavit. Tan era una solución viable, que la terminación anticipada se hizo porque el Instituto quería operarlo de manera directa para aprovechar sus bondades sin la participación de un intermediario.

Por otra parte, el Infonavit no se rige por las mismas leyes de una dependencia gubernamental, porque no lo es. Se trata de una institución tripartita conformada por la participación de los trabajadores que son sus derechohabientes, representados a través de los sindicatos, los patrones representados a través de las cámaras de comercio, y el gobierno. De tal manera que la definición de adjudicar la implementación de la solución propuesta por Telra se dio en los términos de la normatividad particular del Instituto y totalmente apegada a Derecho.

La legislación aplicable es precisa. El Código Civil establece claramente en su artículo 1949 que la terminación anticipada de un contrato genera obligaciones implícitas y que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Es decir, no era imperante que los contratos celebrados con el Infonavit previeran una cláusula de penalización para que el Infonavit estuviera obligado a indemnizar a Terla por haber terminado anticipadamente los contratos.

Al contrario, del 2014 al 2016 la empresa utilizó recursos propios para echar andar el Programa de Movilidad Hipotecaria y la plataforma a través de la cual se desarrollaría ese programa. Además, en la denuncia formulada por el Infonavit, dicho Instituto entregó al Ministerio Público copias de los entregables y evidencia del trabajo que realizó Telra en cumplimiento de los contratos.  Es importante destacar que los programas y la plataforma no podían ser explotados por cualquier entidad financiera porque fueron diseñados exclusivamente para el Infonavit; con la terminación anticipada de los contratos por parte del Infonavit, Telra perdía el desarrollo de los programas y la plataforma, así como la oportunidad de explotarlos.

Fue una decisión apegada a derecho y transparente en todo su proceso. Para que el Contrato de Transacción firmado el 22 de agosto de 2017 (que contempla el pago de la indemnización) fuera válido y surtiera efectos legales, se requería obligatoriamente la autorización total y unánime de los 15 miembros del Consejo de Administración del Infonavit, compuesto por 5 representantes del gobierno federal, 5 representantes de los trabajadores y 5 representantes patronales.

Esta autorización se dio durante la sesión ordinaria número 797 del Consejo de Administración del Infonavit celebrada el 30 de agosto de 2017 y quedó plasmada en la Resolución RCA-6025-08/17. Además, el 17 de abril de 2018, la Asamblea General del Infonavit, máximo órgano del instituto aprobó los estados financieros del Instituto correspondientes al ejercicio 2017 en donde estaba incluida la indemnización pagada a Telra.

El monto se determinó bajo un mecanismo legal y previsto por la normatividad del propio Instituto. La cantidad fue definida por valuadores certificados que tomaron en cuenta que Telra financió el costo total del diseño, implementación y desarrollo de los programas inmobiliarios y la plataforma tecnológica; así como el número de operaciones de movilidad que podrían celebrarse en beneficio de los derechohabientes, una vez que se lanzaran al mercado el Programa de Movilidad Hipotecaria y su plataforma informática. Esto último se hizo tomando en cuenta el total de la cartera de crédito colocada por el Infonavit y los diferentes productos que iban a ofrecerse a los derechohabientes que participaran en el Programa de Movilidad.

La conclusión de los expertos consultados fue que el valor de los daños por la terminación anticipada de los contratos ascendía a 3,852 millones de pesos y el valor de los perjuicios a 11,838 millones de pesos. Así pues, el monto finalmente pagado como indemnización fue menor.

Se utilizaron los recursos legales acordados con el Instituto y Telra se sometió al recurso de mediación, cuyo proceso fue complejo y totalmente apegado a la ley. Por esta razón, ni el Consejo de Administración del Infonavit; ni la Asamblea General del Instituto, máximo órgano de la institución, tampoco el Comité de Auditoría tuvieron objeción en aprobar la indemnización pagada a Telra.

El monto definido también se fundamentó en la opinión de despachos especializados contratados por el propio Infonavit que concluyeron que de no existir mediación y llegar a un acuerdo, se arriesgaba a enfrentar una demanda con graves consecuencias para el Instituto.

por lo tanto, nunca participaron en el proyecto ejecutado para el Infonavit. La entrega de los dos mil millones de pesos fue decisión unilateral que ellos tomaron y respaldaron con sus propios recursos.

Desconocemos las motivaciones que tuvieron para llegar a este acuerdo con la Fiscalía y tampoco sabemos por qué entregaron dos mil millones de pesos cuando Telra les entregó únicamente mil millones de pesos para una inversión inmobiliaria en los EU. Precisamente para conocer el destino de esa cantidad entregada, los señores Zaga interpusieron una denuncia en contra de los señores El-Mann.

Con esta acción, los señores Moisés, André y Max El-Mann Arazi cometen nuevas irregularidades pues no avisaron a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que las cuentas de Fibra Uno fueron congeladas por la UIF y que se les otorgó un criterio de oportunidad por el delito de lavado de dinero como consecuencia de la entrega de los 2 mil millones de pesos. Por esta situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió en el mes de enero 2021 una opinión positiva de delito por la omisión de revelar eventos e información relevante al mercado. Ahora recae en la Procuraduría Fiscal el presentar la querella correspondiente para que se pueda continuar con la investigación de los delitos señalados por la CNBV.

Se está cometiendo una injusticia pues estos funcionarios solo cumplieron las instrucciones que les dio el Consejo de Administración del Infonavit consistente en firmar en representación de ese instituto el Contrato de Transacción que dio lugar al pago de la indemnización a Telra.

Por eso es tan importante que la FGR llame a declarar a los miembros del Consejo de Administración del Infonavit que ordenaron la terminación anticipada de la relación contractual, así como la celebración del contrato de transacción y finiquito y el pago de la indemnización. Que den la cara y declaren la verdad: el acuerdo celebrado con Telra fue legal y es legítimo. Parecería que han pactado con la Fiscalía para no ser involucrados a cambio de su silencio y de que no intervengan en el proceso.

Mas bien se trata de un proceso de simulación. El caso Telra es una muestra de un montaje judicial, de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio. Es la prueba de un uso faccioso de la ley que persigue a quien no se deja extorsionar o doblegar.

Los dos mil millones de pesos entregados a la Fiscalía por los señores Moisés, André y Max El Mann Arazi sirvieron para armar una farsa jurídica y mediática pues el 10 de febrero del 2020 durante la conferencia de prensa matutina, el Fiscal General de la República le entregó al Presidente de la República un cheque por 2 mil millones de pesos señalando que esos recursos eran producto de la reparación de un daño en su esfuerzo por combatir la corrupción. También dijo que gracias a una denuncia que presentó el gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, habían iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de bienes de la nación.